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Su cuerpo fué encontrado por visitantes de la montaña y pasaron casi treinta días para que las autoridades visitaran el lugar por primera vez.
Las lesiones en el cuello de Pável compatibles con ahorcamiento y las letras que “EDNA ZMASH” con una zwastica en la parte posterior de de la cruz -omitidas por las autoridades del Distrito Federal- fueron elementos que, en la investigación de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos, se relacionan con grupos de extrema derecha que operan en la UNAM. Para los grupos activistas cercanos a Pavel, el crimen fue ejecutado por un grupo especializado en tortura que recuerda las peores épocas de la “Guerra Sucia” y obliga a pensar en un nuevo proceso de aniquilación de activistas sociales, trazada y organizada como política genocida del Estado contra las organizaciones y activistas no sólo de la UNAM, sino de todo el pueblo.
Semanas después de la muerte de Pável, las autoridades capitalinas decidieron cambiar la línea investigación, iniciada en un primer momento por "suicidio". Aun apesar de que fueron denunciadas las amenazas que varios estudiantes recibieron por teléfono y correo electrónico, casi treinta días después han sido incluidas por la Procuraduria de Justicia del Distrito Federal en una nueva investigación por "homicidio doloso".
A más de tres meses el caso sigue sin esclarecerse, el 7 de julio durante una sesión del Senado de la Republica el diputado Oscar González, propuso un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduria de Justicia del Distrito Federal la investigación exahustiva del caso, las omisiones del Ministerio Público de la Delegación Tlalpan, lo referente a la dirección de correo electrónico yunque_20008@hotmail.com (ya que desde ahí se envíaron amenazas a los amigos de Pável) y la realación que pueda tener la organización de ultraderecha “El Yunque” con este atroz asesinato.
El 12 de julio, nuevamente en el Senado, la diputada Martha Palafox solicitó que el caso fuera atraído por la Procuraduría General de la República. Sin embargo estás gestiones aún distan mucho de una justicia en términos reales.
A raíz las desapariciones de activistas durante la llamada “Guerra Sucia”, que oficialmente abarcó desde finales de los años sesenta y hasta principios de los años ochenta, familiares de los desaparecidos crearon el comité ¡Eureka! para buscar justicia y juicio contra altos funcionarios del gobierno federal desde hace 27 años.
Durante una manifestación en la Secretaría de Gobernación el 29 de abril para exigir el esclarecimiento del asesinato de Pável, Rosario Ibarra, presidenta y fundadora del Comité Eureka, expresó su exceptiscismo sobre la Justicia en México:
“Nada valen sus comisiones de derechos humanos sus fiscalias no hacen nada, engañan, no se han cansado de tanta muerte desde antes del 2 de octubre de 1968 y después los desaparecidos, y tantos y tantos, y las muertas de Juárez, ya basta compañeros a nadie le han hecho caso, ni a los zapatistas ni a las madres de los desaparecidos, a nadie.”
Y así, en días recientes se negó la posiblidad juzgar penalmente a quienes en la “Guerra Sucia” fueron las autoridades responsables de reprimir movimientos sociales y armados.
Mientras la militarización del país avanza con el pretexto de combatir la inseguridad, lejos de toda justicia, la tortura, la cárcel y el asesinato para silenciar y amedrentar activistas sociales siguen siendo los sólidos pilares de la Democracia Sucia del Estado, en guerra permanente contra el pueblo.
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